La última farsa

Iván Zavala

Al designar a Juan Ramón de la Fuente como rector de la UNAM, la junta de gobierno se exhibió como un instrumento del presidente de la República para violar la autonomía universitaria y como un órgano tiránico que pervierte la naturaleza académica de nuestra universidad.

La integración de esa junta, las facultades que la ley le da, y el mismo proceso de designación pusieron al desnudo, en 1999 como nunca antes, que todo eso es una farsa, es decir algo que se hace para engañar, para hacer creer que una imposición tiránica es un proceso legítimo.

1 El gran elector

Juan Ramón de la Fuente es probablemente el primer rector de la UNAM designado por sus empleados y por los empleados de su jefe. Según datos de la página en Internet de la Secretaría de Salud, 3 de los 15 miembros de la junta que lo designó eran empleados suyos: Alfredo Adam Adam (contralor general de la secretaría de Salud), Héctor Fernández Varela (Comisionado nacional de Arbitraje Médico, un organismo descentralizado de esa secretaría) y Donato Alarcón Segovia (director general del Instituto Nacional de Nutrición, dependiente de la SSA). El diario Crónica (19 de noviembre) informó que Sergio García Ramírez, Juliana González y Adolfo Martínez Palomo también están en la nómina de la SSA. También era empleado del actual rector uno de sus oponentes más pesados, José Narro Robles, subsecretario de Salud, que tuvo que declinar en su favor.. Y, en el colmo, un exrector, seguramente escuchado por varios miembros de la junta, Octavio Rivero Serrano, también obedecía órdenes las órdenes del nuevo rector, como secretario del Consejo de Salubridad General.

Las 15 personas que designaron como rector a De la Fuente proceden del gobierno federal y del grupo de buropolíticos que controlan la UNAM desde 1973. La junta de gobierno está controlada por funcionarios federales actuales o pasados: 10 de ellos, es decir el 66 por ciento del total, ocupan actualmente un cargo federal, u ocuparon alguno en el pasado reciente: Alfredo Adam Adam, Donato Alarcón Segovia, Ignacio Carrillo Prieto, Gustavo Chapela Castañares, Héctor Fernández Varela Mejía, Sergio García Ramírez, Javier Jiménez Espriú, Julio Labastida Martín del Campo, Adolfo Martínez Palomo y Luis Ortiz Macedo). Cinco de ellos (Adam, Alarcón, Chapela, Fernández Varela y Martínez) son actualmente empleados del presidente de la República. Estas personas, junto con quienes deben al exrector Barnés su inclusión en la Junta (Juliana González, Javier Jiménez Espriú, Luis Ortiz Macedo y Álvaro Matute) tienen la capacidad para bloquear cualquier designación que no les parezca: siendo nueve evitan que cualquiera sume los 10 votos necesarios para designar rector. Si a estos nueve sumanos a Javier Padilla Olivares, colega y amigo de Barnés, tenemos al grupo que impuso a la UNAM un nuevo rector. El gran elector es en la UNAM es Ernesto Zedillo.

En todo caso, ninguna de esas 15 personas fue elegida por la comunidad universitaria para designar a sus autoridades. La Junta de Gobierno, que es la primera autoridad universitaria, está compuesta por personas nombradas casi enteramente por el Consejo Universitario, controlado por el rector. (Esa junta nombra, a su vez, al grupo más compacto de ese consejo, es decir a los directores de facultades, escuelas, institutos y centros). No representan, por ello, los intereses de los académicos, los estudiantes y los trabajadores de la UNAM.. Al no proceder de la comunidad universitaria, no se deben a ella.

2 El despotismo de la ley

La imposición del nuevo rector fue una imposición legal. La ley orgánica deja enteramente al arbitrio de 15 personas, en su mayor parte venidas de fuera, la elección de la autoridad más importante de la UNAM. Para nombrar al Rector, según el artículo 6, "la Junta explorará, en la forma que estime prudente, la opinión de los universitarios". La ley vigente deja todo en manos de la junta: lo que hace, la manera en que lo hace y a quiénes se dirige. "Explorará", es decir no acatará ni obedecerá: simplemente escuchará la voz de los afectados, sin ninguna obligación de acatarla. Las voces de los universitarios sobre una autoridad que puede cambiar sus vidas se harán oír según "la forma que estime prudente" la junta, es decir todo el procedimiento queda a merced de la voluntad de poder, de los humores, de la ignorancia y de los intereses de 15 personas. En el colmo, lo que se explorará arbitrariamente no es la voluntad de los universitarios sino apenas su "opinión", es decir un acto mental sin implicación fáctica alguna.

Siguiendo el texto de la ley, la junta de gobierno "auscultó" a quienes quiso, como quiso y donde quiso. Informó que estudió más de mil comunicaciones que incluyeron 6,500 firmas, pretendiendo que unas y otras fueron muchas. Dicho de otra manera, la junta, según confesión propia, se basó en la opinión del 2.2 por ciento de los universitarios para designar a quien pretenderá gobernarnos durante cuatro años. De la Fuente es, en el mejor de los casos, el rector de 2 por cada 100 universitarios.

3. La junta usurpadora

La usurpación consiste en arrogarse dignidades, funciones o empleos de otros. La junta de gobierno, al arrogarse la función de los universitarios de designar sus autoridades, usurpa nuestras funciones. Ejerce el poder que nos corresponde a todos los universitarios. La autoridad de los usurpadores es, por definición, ilegítima.

4 La ilegitimidad

Nunca la autonomía de la UNAM fue violada con tanto descaro y con tanta rapidez como ahora. Nunca como ahora había sido tan obvio que el rector de la UNAM es nombrado por el presidente de la República, sin tomar en cuenta la voluntad de los universitarios. Estamos en una situación donde unos cuantos deciden ilegítimamente el destino de muchos. Esta es la farsa que representó la junta de gobierno durante seis días. Esto es lo que nunca debe repetirse, a no ser que el gobierno pretenda, consciente y deliberadamente, que los universitarios sigamos divididos, que nos sigamos odiando y que enseñar e investigar para el bien de la nación siga siendo imposible.